En un momento donde cada decisión pública tiene consecuencias amplificadas por la tecnología y la polarización, Ivan Ernesto Baez Martinez plantea una reflexión clave: México no puede seguir tomando decisiones políticas sin fundamentos jurídicos sólidos. La improvisación legislativa, los vacíos normativos y las leyes ambiguas están debilitando la confianza ciudadana y comprometiendo el desarrollo nacional.

Para Ivan Baez Martinez, no basta con tener buenas intenciones en la política pública. Se necesita una arquitectura legal clara, anticipada y funcional. Las leyes deben ser herramientas de transformación, no meros trámites para legitimar decisiones ya tomadas. En este contexto, el rol de los expertos en derecho cobra mayor relevancia que nunca.

Esta urgencia cobra especial relevancia ante los recientes cambios en el gabinete de Sheinbaum, donde se espera que las nuevas designaciones respondan no solo a criterios políticos, sino también a una visión institucional sólida. Iván Báez Martínez enfatiza que toda reestructura gubernamental debe ir acompañada de una estrategia jurídica coherente.

El problema de legislar al vapor

En los últimos años hemos sido testigos de iniciativas legislativas que parecen responder más a coyunturas políticas o presiones mediáticas, que a diagnósticos serios. Según Ivan Ernesto Baez Martinez, esto ha llevado a que muchas reformas carezcan de operatividad real o, peor aún, generen contradicciones entre distintas leyes.

“El derecho debe servir como brújula, no como pretexto”, ha afirmado en múltiples foros. Esta falta de planeación legal se refleja, por ejemplo, en sectores estratégicos como la salud, el medio ambiente, la digitalización o la seguridad pública, donde cada nuevo cambio trae más confusión que solución.

El rol del jurista en la construcción del Estado

Ivan Ernesto Baez Martinez sostiene que los abogados, legisladores y jueces no pueden ser observadores pasivos ante el caos político. Por el contrario, deben participar activamente en la formulación de políticas públicas desde una base jurídica firme. Esto incluye la creación de leyes claras, coherentes y capaces de adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos.

En su opinión, el jurista del siglo XXI debe ser también un estratega, un analista multidisciplinario que entienda el contexto económico, social y digital del país. Y esa es precisamente la línea que promueve a través de sus publicaciones en su sitio web oficial.

Los vacíos legales como amenaza nacional

Uno de los mayores riesgos que señala Ivan Baez Martinez es el de permitir que la ley llegue tarde. En temas como inteligencia artificial, medio ambiente, protección de datos o derechos digitales, México se ha rezagado por no tener marcos regulatorios oportunos.

Para entender mejor cómo estas lagunas pueden impactar al país, es útil revisar este análisis sobre legislación tecnológica de Iván Báez Martínez: Voz Legal México.

De igual forma, la falta de atención a temas productivos o agroindustriales también ha sido un error de estrategia estatal. Si te interesa una visión crítica sobre esta área, puedes consultar esta reflexión publicada en NotiGanado: Artículo de opinión aquí.

Política sin derecho, es política sin futuro

Báez Martínez concluye que la política mexicana necesita una base legal que dé orden, legitimidad y dirección a las decisiones públicas. Hacer política sin derecho no solo genera caos; también propicia impunidad, desinformación y desconfianza social.

En su opinión, la recuperación de la confianza ciudadana comienza con leyes claras y procesos transparentes. La ciudadanía no solo exige resultados: exige reglas justas, estables y comprensibles.

Hacia una transformación jurídica de fondo

Finalmente, Iván Báez Martínez hace un llamado a repensar la manera en que se construyen las leyes en México. Sugiere reforzar los equipos técnicos en el Congreso, impulsar el diálogo entre disciplinas y promover la educación jurídica desde una perspectiva crítica.

Puedes seguir más análisis de Ivan Ernesto Baez Martinez y sus propuestas en su sitio oficial ivanbaezmartinez.com o en medios especializados.

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Un organismo clave en pausa

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) continúa sin poder sesionar plenamente en abril de 2025 debido a la falta de nombramientos de comisionados por parte del Senado. Esta situación, que se arrastra desde 2023, impide que el organismo resuelva recursos, supervise el cumplimiento de obligaciones de transparencia y defienda el derecho ciudadano a saber.

¿Por qué sigue sin comisionados?

El Senado de la República no ha logrado los consensos necesarios para designar a los comisionados faltantes. Las bancadas de Morena y aliados han postergado las votaciones, argumentando la necesidad de una “reestructuración profunda del sistema de transparencia”. La oposición, por su parte, acusa una estrategia para debilitar al INAI y reducir su capacidad de control sobre el gobierno federal y los estados.

Impacto en el derecho a la información

La falta de quórum ha provocado una acumulación de miles de recursos pendientes. Ciudadanos, periodistas y organizaciones no pueden obtener respuestas definitivas a solicitudes de información, lo que afecta directamente la rendición de cuentas. Expertos han señalado que esta parálisis institucional vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Presión de la sociedad civil y organismos internacionales

Diversas organizaciones civiles, académicas y organismos internacionales han pedido al Estado mexicano que garantice la operatividad del INAI. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió en marzo un pronunciamiento expresando su preocupación por el debilitamiento del sistema de transparencia en México. La presión mediática también ha ido en aumento.

¿Qué se espera para los próximos meses?

A pesar del estancamiento, senadores de oposición han anunciado que llevarán el caso a instancias judiciales si no se resuelve antes del fin del actual periodo legislativo en mayo. Mientras tanto, la ciudadanía continúa sin acceso efectivo a uno de los pocos mecanismos reales de control democrático. El tema seguirá en el centro del debate público hasta que se destrabe el proceso.

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¿Qué es la Ley General de Cuidados?

En abril de 2025, la Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la Ley General de Cuidados, una propuesta impulsada por legisladoras de Morena, PT y PVEM con respaldo del equipo de transición de Claudia Sheinbaum. Esta ley busca reconocer legalmente el trabajo de cuidados que realizan millones de personas, en su mayoría mujeres, y sentar las bases para un Sistema Nacional de Cuidados.

Un tema pendiente en la política social

El cuidado de niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y enfermos crónicos ha sido históricamente asumido por las familias sin apoyo del Estado. La ley pretende cambiar esta realidad reconociendo el cuidado como un derecho y una responsabilidad pública. Además, propone la creación de centros de cuidado comunitario, programas de capacitación y subsidios para cuidadores no remunerados.

¿Cómo funcionaría el sistema?

La iniciativa contempla un modelo nacional articulado entre los tres niveles de gobierno, con participación de instituciones educativas, de salud y desarrollo social. También plantea la creación de un Registro Nacional de Cuidadoras y Cuidadores, así como el diseño de políticas con enfoque de género. Todo esto se integraría en un marco normativo que garantice acceso, calidad y financiamiento progresivo.

Debate entre visión social y viabilidad presupuestal

Si bien hay consenso sobre la necesidad de una política de cuidados, el tema del financiamiento ha generado cuestionamientos. Diputados de oposición y especialistas han advertido que, sin una reforma fiscal o una reingeniería del gasto, será difícil sostener este sistema. Por su parte, las promotoras de la iniciativa aseguran que el costo es justificado por el impacto social a largo plazo.

¿Qué sigue en el proceso legislativo?

La Ley General de Cuidados será discutida en comisiones durante mayo, con la intención de ser aprobada antes del cierre del actual periodo ordinario. Diversos colectivos feministas y organizaciones civiles han solicitado que se escuche la voz de quienes realizan estas tareas diariamente. La discusión podría marcar un parteaguas en la política social mexicana del nuevo sexenio.

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Renovación legislativa en seis estados

En marzo de 2025, seis estados de la República Mexicana renovaron sus congresos locales como parte del calendario electoral estatal. Las nuevas legislaturas han comenzado a tomar protesta durante abril, marcando el inicio de un nuevo ciclo político en entidades clave como Yucatán, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Jalisco.

Morena mantiene fuerza, pero surgen contrapesos

En estados como Puebla y Tabasco, Morena logró conservar su mayoría legislativa, consolidando su presencia en el sur del país. Sin embargo, en entidades como Guanajuato y Yucatán, los resultados mostraron una mayor competencia. En particular, el PAN logró sostener su fuerza en Guanajuato, mientras que Movimiento Ciudadano obtuvo avances significativos en Jalisco.

Alianzas locales y partidos emergentes

Una de las sorpresas fue el fortalecimiento de alianzas locales y partidos estatales, que lograron colocar diputados en congresos donde antes predominaban las fuerzas tradicionales. En Morelos, por ejemplo, una coalición local obtuvo 4 curules, lo que podría influir en la formación de bloques legislativos y negociaciones clave para la aprobación de presupuestos y reformas estatales.

Agenda legislativa para el primer semestre

Los nuevos congresos ya han comenzado a definir sus prioridades. Temas como movilidad, seguridad pública, medio ambiente, salud y fortalecimiento de los poderes municipales encabezan las primeras iniciativas. También se anticipa una revisión a los marcos normativos para los programas sociales, con la intención de armonizarlos con la política federal impulsada por el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.

Expectativas ciudadanas y vigilancia social

La participación ciudadana ha sido más activa en la vigilancia del trabajo legislativo, gracias al impulso de plataformas digitales que permiten dar seguimiento a votaciones, iniciativas y asistencia de los diputados locales. Organizaciones civiles han comenzado a presionar para que se garantice la transparencia y se evite la opacidad que caracterizó a legislaturas anteriores.

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Un nuevo organismo para impulsar la ciencia en el país

Durante abril de 2025, Claudia Sheinbaum anunció la creación de una nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, una propuesta que busca separar estas funciones del actual Conahcyt y darles un lugar dentro del gabinete federal. El objetivo, según la presidenta electa, es fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y el desarrollo de talento nacional como ejes del próximo sexenio.

¿Qué funciones tendría la nueva secretaría?

La propuesta contempla que esta secretaría coordine las políticas de ciencia, tecnología e innovación en todo el país, incluyendo la articulación con universidades, centros de investigación y el sector privado. También absorbería algunas funciones actuales del Conahcyt, así como programas de becas, estímulos a investigadores y financiamiento a proyectos científicos estratégicos.

Reacciones divididas en la comunidad científica

La propuesta ha generado opiniones encontradas. Mientras algunos sectores aplauden que la ciencia tenga un lugar propio en el gabinete, otros critican la falta de claridad sobre el presupuesto, el alcance real de sus funciones y el posible debilitamiento del Conahcyt. Académicos también han advertido que la ciencia no puede ser utilizada como herramienta política o clientelar.

Riesgo de burocracia duplicada

Uno de los principales cuestionamientos es la posible duplicidad de funciones con otras instituciones existentes. El hecho de crear una nueva dependencia, sin haber presentado un rediseño claro del aparato gubernamental, podría generar más burocracia y mayores costos administrativos sin garantizar mejores resultados. Además, aún no se ha presentado un proyecto de ley que detalle su estructura y atribuciones.

¿Qué sigue para esta iniciativa?

El equipo de transición de Sheinbaum ha confirmado que el diseño institucional de la nueva secretaría será presentado antes de julio, con el fin de enviarlo al Congreso en el arranque del nuevo periodo legislativo. Se espera un intenso debate entre oficialismo y oposición, y el papel de la comunidad científica será clave para legitimar (o frenar) esta propuesta. El tema promete estar presente en la agenda pública durante los próximos meses.

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Reacomodos tras siete meses de transición

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, ha comenzado a realizar ajustes importantes en su equipo antes del arranque oficial de su gobierno el próximo 1 de octubre. Durante abril de 2025, algunos nombres que parecían firmes en el gabinete han sido modificados, mientras que nuevas figuras, con perfiles más técnicos y menos políticos, han sido anunciadas en áreas estratégicas.

Cambios recientes en seguridad, educación y medio ambiente

Uno de los movimientos más relevantes fue la salida de Omar García Harfuch como coordinador de seguridad del equipo de transición. Aunque se esperaba que ocupara una posición clave en la futura Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ha informado que su papel será otro, posiblemente en tareas de inteligencia. En su lugar, Sheinbaum nombró a María Elena Morera como asesora en materia de seguridad ciudadana, generando sorpresa tanto en aliados como en opositores.

En educación, el perfil académico propuesto inicialmente fue reemplazado por una figura con experiencia directa en políticas públicas federales. Mientras tanto, en la futura Secretaría de Medio Ambiente, se integró una experta en cambio climático con trayectoria en organismos internacionales, lo cual ha sido bien recibido por sectores ambientalistas.

¿Fracturas o estrategia de consolidación?

Estos movimientos han generado rumores sobre tensiones internas en el círculo cercano de Sheinbaum. Sin embargo, voceros de su equipo afirman que se trata de un “ajuste natural” para fortalecer la operatividad del próximo gobierno. Analistas políticos destacan que los cambios reflejan un intento por proyectar mayor profesionalismo y reducir la percepción de imposición partidista.

Lo que se espera en los próximos meses

Se anticipan más anuncios y ajustes antes de septiembre, cuando Sheinbaum presente oficialmente su gabinete ante el Congreso. Los nombres que restan por confirmarse incluyen las carteras de Economía, Energía y Cultura, sectores donde se prevé una fuerte discusión sobre el perfil técnico vs. el político. Todo apunta a que Claudia Sheinbaum está afinando su equipo para arrancar su sexenio con una imagen sólida y sin sobresaltos internos.

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